Asamblea Legislativa aprueba ampliar régimen de excepción por 30 días más y busca aprobar régimen transitorio de compras

Asamblea Legislativa aprueba ampliar régimen de excepción por 30 días más y busca aprobar régimen transitorio de compras

La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos una ampliación de 30 días del régimen de excepción a solicitud del presidente Nayib Bukele canalizada por el consejo de ministros. 

Bajo el régimen de excepción se suspenden cuatro garantías constitucionales. Estas son la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones en todo el país.

Además, la Asamblea busca aprobar un régimen transitorio para la adquisición de bienes y servicios. 

La solicitud para incluir en la plenaria el decreto del régimen transitorio para la adquisición de bienes y servicios fue presentada por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien también pidió dispensa de tramite para ambos proyectos de ley. La petición fue aprobada con 66 votos a favor.

Según se leyó en dictamen, la iniciativa solicita aval para que la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), de Hacienda, realice contrataciones y adquisiciones en el marco del régimen de excepción. "Para tal fin en consecuencia no serán aplicables las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP)". 

El decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial y su vigencia se mantendrá mientras dure el régimen de excepción, según se leyó en dictamen.

Esta no es la primera vez que se evade la LACAP,  el martes la Asamblea Legislativa aprobó una normativa que incluía dicha disposición en la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios. 

La solicitud ocurre a pocos días de que finalice la actual suspensión de cuatro garantías constitucionales, en el régimen de excepción aprobado por el oficialismo el pasado 27 de marzo para un período de 30 días.

Esta aprobación se dio luego de que El Salvador sufriera una ola de violencia que dejó al menos 62 personas asesinadas en menos de 24 horas. En los días posteriores, las autoridades de seguridad pública comenzaron a ejecutar diferentes operativos y despliegues militares para detener a personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales.

Hasta la fecha, la Policía Nacional Civil (PNC) contabiliza un total de 16,053 personas detenidas,  señaladas de tener vínculos con pandillas.