Corte IDH ordena a El Salvador investigar a funcionarios que obstaculizaron investigación en caso El Mozote

Corte IDH ordena a El Salvador investigar a funcionarios que obstaculizaron investigación en caso El Mozote

La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado salvadoreño que investigue, procese y sancione a los funcionarios que boicotearon en 2020 el acceso a los archivos militares ordenado por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, como parte de la investigación por la masacre de El Mozote y lugares aledaños ocurrida en 1981 en Morazán.

En una resolución fechada el 25 de noviembre pasado, y dada a conocer el 6 de enero, la Corte IDH ordena a "las instancias correspondientes" (en este caso, a la Fiscalía General de la República) a investigar "la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación y permitieron que permaneciera en impunidad y, luego de un debido proceso, aplicar, si es el caso, las sanciones administrativas, disciplinarias o penales correspondientes a quienes fueran encontrados responsables".

En el segundo semestre de 2020, Jorge Guzmán, juez de Instrucción de San Francisco Gotera, ordenó una serie de inspecciones en instancias militares para dar con el paradero de archivos relativos a la masacre que, a su juicio, eran clave para culminar un caso que ya cuenta con 40 años en la impunidad. En aquellas fechas, Guzmán hizo hincapié en una promesa del presidente Nayib Bukele, quien había dicho que abriría los archivos de la "A hasta la Z" para garantizar justicia a las víctimas.

A finales de septiembre de 2020, el juez Guzmán ordenó las inspecciones en los archivos militares, pero estas fueron bloqueadas por el Ministerio de la Defensa. El bloqueo, además, fue respaldado por el propio presidente Nayib Bukele.

En una cadena nacional emitida el 24 de septiembre, Bukele dijo que no permitiría el ingreso del juez Jorge Guzmán a instalaciones militares bajo el argumento que existía una intención de indagar los planes militares secretos y hacerlos de conocimiento de la oposición política.

Bukele también aseguró en esa ocasión que sería él mismo quien enviaría al Juzgado de Instrucción los archivos desclasificados existentes; sin embargo, después se conoció que los documentos proporcionados eran fotocopias de informes que fueron enviados en años anteriores.

El ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, es otro de los funcionarios que podría ser investigado, pues militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) negaron en al menos seis ocasiones el acceso del juez Guzmán, fiscales, defensores y peritos que buscaban verificar la existencia de documentos militares que tuvieran relación con la masacre.

Entre las sedes militares que impidieron el acceso está el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Comando de Fuerzas Especiales, la Segunda Brigada Aérea, la Brigada de Artillería, la Tercera Brigada de Infantería y el Destacamento Militar No. 4, en San Francisco Gotera, Morazán. Estos bloqueos ocurrieron pese a la resolución de la Sala de lo Constitucional que le indicaba a la FAES que no tendría excusa para impedir el acceso a los archivos del caso.

En la resolución, la Corte IDH responsabiliza al Órgano Ejecutivo y a dicho ministerio por ir en contra de la investigación de la masacre, unas de las medidas a las que está obligado el Estado salvadoreño desde 2012.

En noviembre de 2020, el juez Guzmán también solicitó a la Fiscalía que investigara si Bukele y Merino Monroy habrían incurrido en algún delito al desobedecer la orden del juzgado y bloquear el acceso a los archivos. David Morales, abogado particular de las víctimas, sostuvo en ocasiones anteriores que ambos habrían cometido los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia, supresión y destrucción u ocultamiento de documentos.

La Fiscalía General, emplazada para investigar a quienes bloquearon el acceso a los archivos militares, también fue cuestionada por la Corte IDH por su falta de diligencia y apoyo en la investigación y por intentar bloquear el trabajo del juez al solicitar una recusación en su contra.

La instancia también manifestó su preocupación por los golpes del Ejecutivo contra la independencia judicial tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, en mayo pasado; y las reformas a la Ley de Carrera Judicial que provocaron una jubilación obligatoria de jueces de más de 60 años, entre ellos el juez Guzmán. En su momento, jueces incómodos al oficialismo denunciaron que la maniobra de la Asamblea oficialista, avalada por la Corte oficialista, buscó despejar la mesa para afectar a jueces incómodos. Guzmán, acusado por Bukele de utilizar el caso para afectar a su gobierno, llegó a sentirse parte de esa lista.

El Estado contra El Mozote

En la resolución, la Corte IDH también valora positivamente las diligencias desarrolladas por el juez Guzmán, pues la investigación estaba próxima a la etapa de juicio. Hace énfasis, además, en los retrasos que tuvo el proceso por los recursos interpuestos por la defensa de los acusados "incluso, algunos por la propia fiscalía".

Previo a la reforma que diezmó a un tercio de los jueces del país, Guzmán había sorteado recusaciones de la Defensa ante la Corte Suprema y de la misma Fiscalía, que en febrero de 2021 pidió su recusación bajo la justificación de que el juez estaba aplicando el Código Penal vigente desde 2011, por encima del promulgado en 1973. Tras su retiro obligatorio, el juez incluso denunció haber sufrido amenazas. Para la Corte IDH, esas maniobras fueron parte de tácticas dilatorias que buscaron entorpecer el desarrollo del caso y el acceso a la justicia de las víctimas.

La Corte IDH decretó que se mantenga abierto el procedimiento de supervisión con base a la medida emitida anteriormente de reparación relativa a "iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir" las indagaciones de todos los hechos que originaron las violaciones a las víctimas.

Además, el Estado salvadoreño debe presentar un informe sobre su obligación de investigar, antes del 4 de marzo de 2022 y cada tres meses, hasta que esta lo considere necesario.

La Corte IDH ha dado seguimiento al caso de la Masacre de El Mozote desde la sentencia del 25 de octubre de 2012, cuando declaró por unanimidad que el Estado salvadoreño es responsable por la violación de los derechos de las víctimas, entre ellos el derecho a la vida.

Desde esa resolución, la Corte ya le ordenaba a la Fiscalía investigar la conducta de los funcionarios que obstaculizaron la investigación. La Corte ha emitido varias resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia al Estado. (LPG).