La Cámara 1° de lo Penal de San Salvador realizó esta mañana la audiencia inicial en contra del diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, luego de ser desaforado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.

La Cámara 1° de lo Penal de San Salvador realizó esta mañana la audiencia inicial en contra del diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, luego de ser desaforado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.

La Cámara 1° de lo Penal de San Salvador realizó esta mañana la audiencia inicial en contra del diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), Norman Quijano, luego de ser desaforado por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.

Quijano estaba citado para las 9:30 de la mañana de este martes, 18 de enero, por estar acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. "La idea es exponer a los magistrados de la Cámara Primero de lo Penal la hipótesis fiscal en cuanto al pacto del señor Normal Noel Quijano con las pandillas", explicó el auxiliar fiscal del caso previo a la audiencia.

Como parte de la resolución de la audiencia inicial, el Juzgado decretó detención contra el funcionario, por lo que en los próximos días se girará una órden de captura en su contra, además de declararlo rebelde por no presentarse a la cita. "(Norman) Ha desobedecido el mandato judicial en su contra, hay una renuencia de su parte para hacerse presente este día", explicó el fiscal.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que se ordenó la captura inmediata de Quijano a través de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fiscalía detalló que el presunto apoyo brindado a las pandillas data desde el año 2014, fecha en la que se habrían dado las reuniones con miembros de pandillas. Ante esto, la  FGR explicó que cuenta con pruebas testimoniales que hacen referencia a dichas reuniones.

Uno de los principales objetivos de dichas conversaciones ilícitas, según el fiscal, era obtener ayuda para ganar las elecciones presidenciales para las cuales era candidato, a cambio de entregar beneficios al llegar a la presidencia. Para esto aseguró que cuentan con  pruebas documentales y periciales que ayudaron a que el proceso pase a la siguiente etapa.

Por su parte, el abogado defensor, Lisandro Quintanilla, aseveró que emitiran una apelación ante la Sala de lo Penal. Asimismo alega que la Fiscalía no cuenta con las pruebas suficientes que demuestren la participación de Quijano en las reuniones con estructuras delincuenciales para comprar votos.

En un caso similar han sido señaldos actuales funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele, tal es el caso de Osiris Luna, director de Centros Penales y Carlos Marroquín, jefe de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, a quines Estados Unidos señala de ser los autores principales en establecer comunicación con líderes de pandillas.

Según el Departamento de Estado de EUA, Luna y Marroquín habrían sido parte de las negociaciones entre el Gobierno Bukele y las organizaciones terroristas para pactar una reducción a los homicidios en el país a cambio de beneficios dentro de los recintos carcelarios.

Esta versión también fue reforzada por las declaraciones del exfiscal anticorrupción, Germán Arriaza, quien aseguró que el presidente Bukele cerró todas las investigaciones que se encontraban en proceso, relacionadas al pacto con las pandillas.

En dichos informes, Arriaza aseguró que Luna y Marroquín sí ingresaban a los penales donde se encuentran recluídos los líderes de las principales pandillas de El Salvador en el año 2019.

A pesar de las diferentes sanciones emitidas por el Gobierno estadounidense y las revelaciones hechas por exfuncionarios, la actual administración ha tratado de desmentir alegando que se está tratando de desvirtuar los trabajos realizados por su gestión. Por lo cual ninguno de ellos está siendo procesado y tampoco se ha retirado de su cargo. (LPG)