La Sala declaró improcedente el amparo presentado por el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, contra el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera por la resolución judicial que ordena dicha inspección.

La Sala declaró improcedente el amparo presentado por el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, contra el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera por la resolución judicial que ordena dicha inspección.

El Ministerio de Defensa quedó constitucionalmente desarmado para impedir el ingreso del Juez de Instrucción de San Francisco Gotera a inspeccionar los archivos militares del caso de la masacre de El Mozote, después que la Sala de lo Constitucional rechazara una petición de amparo de esa cartera de Estado.

La Sala declaró improcedente el amparo presentado por el Ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, contra el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera por la resolución judicial que ordena dicha inspección.

El máximo tribunal considera que “no se observa el perjuicio que el acto impugnado (la inspección de los archivos sobre la masacre de El Mozote) habría ocasionado en la esfera jurídica de la Fuerza Armada”.

Además, dice la resolución, los argumentos expuestos por el Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, “más que evidenciar una supuesta transgresión de derechos constitucionales, se reducen a plantear un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con el contenido de la actuación reclamada”.

Por segunda ocasión y bajo el alegato de la confidencialidad de los expedientes militares, el Juez fue bloqueado este lunes en su intento de ingresar a una instalación militar para inspeccionar los archivos castrenses.

Pero el máximo tribunal es contundente en aclarar que no se observa que la inspección cause un agravio en la esfera jurídica de la Fuerza Armada, pues, pese a que se alega que los archivos sobre los cuales se realizará la inspección constituyen información de planes militares secretos, se debe tener en cuenta que en el referido proceso penal se están investigando hechos sucedidos en 1981 en la relacionada masacre.

“Por tanto, serán documentos de esa época los que se examinarán por el juez, por lo que dicho argumento no puede ser impedimento para que tanto los sobrevivientes de esa masacre, los familiares de las personas asesinadas en ese operativo militar, y la sociedad en general, conozcan la verdad de los hechos acontecidos en esa época”, subraya.

Al mismo tiempo, les recuerda que la investigación de los hechos delictivos sucedidos en esa masacre constituye una obligación para el Estado de El Salvador, que ha sido reconocida y ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en su sentencia de 25 de octubre de 2012.

En ese sentido, la inspección ordenada sobre ciertos archivos de la Fuerza Armada “no tiene por finalidad la investigación de los planes militares secretos”, pues no están sujetos a la verificación señalada.

La investigación que sigue el juez, aclaran los magistrados, se circunscribe a la investigación de un proceso penal para deducir las responsabilidades de los integrantes de la Fuerza Armada que en aquel momento histórico participaron en la denominada “Masacre de El Mozote y lugares aledaños”.

Por lo mismo, subrayan los magistrados, la investigación está encaminada hacia las personas que –de conformidad a las diligencias de investigación– resulten ser las presuntas responsables de haber cometido los hechos delictivos en el contexto de esa masacre y no contra la Fuerza Armada como institución.

Segundo bloqueo por parte de la Fuerza Armada

El Ejército volvió a bloquear la diligencia del juez de San Francisco Gotera, Morazán, quien acudió ese lunes por la mañana a las instalaciones de la Fuerza Aérea en Ilopango ante la negativa de las autoridades de permitir este procedimiento en un primer intento el pasado 21 de septiembre en el Estado Mayor.

Delegados de la institución castrense se acercaron al juez para exponerle “que en esa unidad no cuentan con la información que ustedes andan buscando” y sostuvieron que “es información confidencial secreta la que tenemos aquí, y que solo puede ser solicitada por la Asamblea (Legislativa)”.

El juez Guzmán les respondió que “la valoración” que realizan “es conforme a los intereses de la institución armada”. Añadió que “eso de que no contamos con la información es algo que se tiene que verificar a través de la inspección”.

El pasado 21 de septiembre, el Ejército ya había bloqueado el ingreso de Guzmán al Estado Mayor en San Salvador para comenzar la diligencia judicial bajo el argumento de que dicha inspección pondría en peligro el resguardo de documentos secretos.