Ningún acceso a instalaciones militares y “archivos del Mozote desclasificados” eran copias de informes que gobierno anterior ya había enviado.

Ningún acceso a instalaciones militares y “archivos del Mozote desclasificados” eran copias de informes que gobierno anterior ya había enviado.

Este 29 de octubre fue el sexto y último intento de inspeccionar los archivos militares por el caso Masacre de El Mozote y Sitios Aledaños. Este día fue el turno del Destacamento Militar 4° de San Francisco Gotera, Morazán, donde también se negó el acceso. Además, las partes involucradas informaron que los supuestos archivos “desclasificados” que entregó el presidente de la República, Nayib Bukele, en realidad eran copias de documentos que el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ya había enviado.

El juez Jorge Guzmán, el acusador particular o querella del caso, David Morales, la Fiscalía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y los peritos llegaron esta mañana al Destacamento Militar de San Francisco Gotera para realizar las inspecciones a los archivos, pero por sexta vez el acceso les fue denegado.

La justificación de estos militares fue la misma que los demás: no tenían autorización ni conocimiento de las diligencias, pese a que desde el 28 de agosto, en una audiencia, fue notificada la Presidencia de la República y el Ministerio de la Defensa.

"El Estado está en la obligación de facilitar que las autoridades judiciales puedan investigar estos hechos”, dijo Guzmán al Oficial de Destacamento, además de explicarle que todo este proceso es parte de una medida de reparación a las víctimas de la masacre ocurrida en 1981, en la época de la guerra civil salvadoreña.

El juez le preguntó el nombre y grado militares al Oficial que salió a atenderlos pero este ignoró la pregunta y respondió: “Señor juez, si usted desea mayor información le solicito que lo haga a través del Ministerio de la Defensa.

“¿O sea que usted no tienen nombre ni grado militar?”, cuestionó Guzmán, a lo que el miembro de la Fuerza Armada repitió: “Como le expreso, señor juez, cualquier solicitud o información que necesite hágalo a través del Ministerio de la Defensa Nacional”. "Bueno, hacerle ver que todos estos bloqueos a ingreso a unidades militares podrían ser debidamente investigado, porque se trata de una desobediencia a decisiones judiciales y en ese proceso de investigación, no solo podrían resultar involucrados las personas que les ordenan a ustedes, sino ustedes mismos por estar obedeciendo órdenes ilegales, el Código de Justicia Militar es claro, que ustedes como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes que son ilegales", adviritió el juez.

Ante todo el bloqueo realizado a la diligencia judicial del caso El mozote, el acusador particular, David Morales, expresó: “La Fuerza Armada ha cerrado las puertas a la justicia y está protegiendo a los responsables del asesinato de decenas de personas, la mitad de ellos niños y niñas. Esto no tiene sentido en un país que firmó la paz hace 30 años, esto deja en entredicho nuestra democracia y por supuesto la voluntad de cumplir las obligaciones de derechos humanos del actual Gobierno central”.

Bukele no desclasificó ningún archivo: “Fue una simulación de colaboración"

El 24 de septiembre, el presidente Nayib Bukele anunció que se tomó la atribución de “desclasificar” archivos y encontró documentos que puso en cinco cajas rotuladas del 1 a la 5, las cuales tenían plasmados los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Pasó casi un mes y el mandatario no había entregado esos documentos, por lo que el juez Jorge Guzmán le dio un plazo de cinco días para que los remitiera al Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera. Luego de girarse esa orden judicial, Bukele entregó las cajas, pero no eran archivos desclasificados, solo eran copias de documentos que último Gobierno del FMLN ya había enviado.

"No se ha desclasificado nada, no se ha liberado información relacionada al caso que sí consta en el proceso que existe y que está en los archivos del Estado Mayor o de las unidades militares", informó el acusador particular en el caso.

“Mostrar esas cajas por parte del presidente Nayib Bukele, así como el acto de remisión, han sido una mera simulación de colaboración con el Tribunal (…). Es lamentable que se siga jugando con el reclamo de justicia con las víctimas, que se siga tratando de burlar por parte del gobierno la autoridad del tribunal que lleva adelante y que dirige las investigaciones, en relación a la masacre del caso de El Mozote”, reprochó.

“Es una burla”

El reproche y decepción de Morales hacia el presidente Bukele fue externado este jueves también por uno de los familiares de las víctimas, quienes llegaron al Destacamento Militar 4° de San Francisco Gotera.

“Es una burla, porque no se puede calificar de otra forma, cuando nos prometió que el tema de nosotros era de él (Bukele), eso quiere decir que se tiene que poner hacer lo que tiene que hacer. Nos sentimos burlados, porque él es el mandatario, es el comandante y jefe de la Fuerza Armada. No hay voluntad política para resolver el tema de las víctimas”, expresó José Vigil.

El 30 de septiembre de 2016 se reabrió el caso por la masacre El Mozote, dos meses después que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993, una herramienta jurídica que otorgaba perdón a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado.

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la impunidad en El Salvador habían calificado la decisión de iniciar las inspecciones como un “hito en el juicio”, ya que por primera vez, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una autoridad judicial ordenó entrar a instalaciones militares a buscar evidencia y justicia para las víctimas del conflicto armado.