El Parlamento de Nicaragua aprueba la Ley de Ciberdelitos, temida por la prensa.

El Parlamento de Nicaragua aprueba la Ley de Ciberdelitos, temida por la prensa.
Los miembros de la Junta Directiva del parlamento de Nicaragua, la primera secretaria, Loria Raquel Dixon, la primera vicepresidenta, Maritza Espinales, y el presidente, Gustavo Porras, participan en la sesión en la que se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos. Foto en en Managua, Nicaragua, el 27 de octubre de 2020.
Los miembros de la Junta Directiva del parlamento de Nicaragua, la primera secretaria, Loria Raquel Dixon, la primera vicepresidenta, Maritza Espinales, y el presidente, Gustavo Porras, participan en la sesión en la que se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos. Foto en en Managua, Nicaragua, el 27 de octubre de 2020. © Jorge Torres / EFE
 

Con una victoria aplastante, los sandinistas lograron que el Legislativo aprobara la norma, que da hasta diez años de cárcel por difundir información falsa que despierte el miedo de las personas. El oficialismo promovió la ley a pesar de que hay varios señalamientos de que las autoridades y el mismo Ejecutivo la podrían utilizar para amordazar a la prensa.  

 

Difundir información falsa, tergiversada o no autorizada en Nicaragua ahora puede significar la cárcel. El Parlamento del país centroamericano aprobó este martes la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga la propagación de dicha información cuando esta produzca "alarma, temor o zozobra" y vaya en contra de la seguridad del Estado. 

La discusión está en quién y cómo se determina si un mensaje público despierta miedo. La prensa independiente del país, por ejemplo, cree que esos límites son tan difusos que el Gobierno de Daniel Ortega podría usar la nueva normativa para coartar la libertad de expresión. De allí que algunos periodistas nicaragüenses la llamen la 'ley mordaza' o 'ley bozal'.

Los sandinistas, por su parte, defienden esta norma que el Gobierno propuso en septiembre. Wálmaro Gutiérrez es uno de los 70 diputados que votaron a favor del proyecto y derrotaron a los 16 votos en contra y a las cuatro abstenciones este martes. El legislador oficialista dice que la ley no es para hacer una “cacería de brujas. (...) Lo que estamos debatiendo es que se nos informe de manera veraz. Aquí no hay censura”, afirmó el diputado durante el debate.

 

Los alcances de la nueva ley prenden las alarmas entre los periodistas

Además de imponer sanciones de hasta diez años de cárcel por difundir información falsa, la Ley de Ciberdelitos también penalizará a quienes utilicen los sistemas informáticos para obtener datos, documentos o información de las instituciones públicas o privadas con servicios públicos. 

En el centro se ve al diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y presidente de la Comisión Económica, Walmaro Gutiérrez, durante una sesión parlamentaria sobre la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en el Parlamento en Managua, Nicaragua, el 15 de octubre de 2020.
En el centro se ve al diputado del Frente Sandinista de Liberación Nacional y presidente de la Comisión Económica, Walmaro Gutiérrez, durante una sesión parlamentaria sobre la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, en el Parlamento en Managua, Nicaragua, el 15 de octubre de 2020. © Oswaldo Rivas / Reuters

Otro de los nuevos poderes que tendrá el Gobierno es que el regulador oficial de las telecomunicaciones podrá ordenarles a empresas, medios de comunicación y otras entidades que congelen hasta por tres meses sus bases de datos y acceder a ellas. La Policía y la Fiscalía también podrán obtener esa información. 

El Gobierno promovió la ley diciendo que era la manera para “garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio” en pro de la estabilidad del país. Pero todos estos poderes le han hecho pensar a parte de la prensa local que el Ejecutivo de Ortega realmente usará la Ley de Ciberdelitos para censurar la información en Internet, impedir las investigaciones periodísticas y criminalizar a las personas que hablen con los periodistas, como sostiene el Foro de la Prensa Independiente de Nicaragua. 

Los miedos sostienen su denuncia en diferentes hechos que han prendido las alarmas. Por ejemplo, en julio el ente regulador de telecomunicaciones mencionado en la ley, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, obligó a una cadena nacional de televisión a retransmitir un acto de un partido político, según la organización Violeta Barrios de Chamorro.

Ese colectivo, que defiende la libertad de prensa, también ha registrado múltiples intimidaciones en los últimos meses por parte de las autoridades. Por ejemplo, en octubre varias patrullas de policía rodearon a dos periodistas que cubrían una protesta de los familiares de prisioneros y los fotografiaron, mientras que a otros dos reporteros los siguieron durante 15 minutos a la par que los grababan. La organización dice que en julio los ataques contra periodistas fueron tantos que aumentaron en un 200 % respecto a todas las agresiones que hubo durante los tres meses anteriores.

Los argumentos del Gobierno nicaragüense contra lo que considera noticias falsas 

Las organizaciones de libertad de prensa en Nicaragua no solo están preocupadas por el hecho de que la ley haya sido aprobada en medio del aumento de las agresiones contra periodistas, sino también por la semejanza que tiene la ley con el discurso que utiliza Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del mandatario Ortega. 

El presidente nicaragüense Daniel Ortega (D) escucha a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, durante el 41º aniversario del Ejército de Nicaragua, en la Plaza de la Revolución, en Managua, el 2 de septiembre de 2020
El presidente nicaragüense Daniel Ortega (D) escucha a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, durante el 41º aniversario del Ejército de Nicaragua, en la Plaza de la Revolución, en Managua, el 2 de septiembre de 2020 Cesar PEREZ Presidencia de Nicaragua/AFP

Desde que la norma era tan solo un borrador, varias ONG señalaron que Murillo dijo que las redes sociales “han influenciado negativamente” a la sociedad y acusó a los periodistas de difundir “noticias falsas” con algunos contenidos que cuestionaban el manejo del Gobierno frente a la pandemia del Covid-19.

Nicaragua fue un caso particular en la gestión de la emergencia sanitaria porque a diferencia de la mayoría de los países, en la nación centroamericana ha habido poca información oficial sobre la cantidad de contagiados o de muertos y hasta el mismo presidente ha promovido marchas multitudinarias. 

Desde el principio de la pandemia, la Administración de Ortega mostró su interés de que la ley se aprobara. Desde marzo, la vicepresidenta inició unas consultas con los diputados para que evaluaran diferentes leyes, incluidas las que regulan las redes sociales

Seis meses después el mismo presidente aprobó por decreto una estrategia nacional de ciberseguridad muy similar a la Ley de Ciberdelitos ya que controla las redes sociales, limita la difusión de noticias falsas y persigue los crímenes digitales de “gobiernos hostiles y grupos terroristas”, según el texto. A los pocos días, los diputados oficialistas presentaron el proyecto al Parlamento aprobado este martes.  

Un controvertido paquete legislativo antes de las elecciones presidenciales

Todo este movimiento ha promovido además otros proyectos, como el que estudia la posibilidad de establecer la pena de cadena perpetua por delitos graves y la Ley de Agentes Extranjeros, que prohíbe participar en política a quienes reciban financiación de otro país.

El paquete legislativo llegó un año antes de las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre de 2021. Ciertas organizaciones como Amnistía Internacional creen que estas normas intentan limitar a la oposición, pues si Ortega no gana las presidenciales en enero de 2022, tendría que abandonar el cargo que ha ocupado desde hace más de 15 años. 

 

“Es claro que Ortega continúa con su estrategia de represión e intolerancia frente a cualquier voz que exija el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas”, dijo a la agencia de prensa AFP la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas.

El Parlamento Europeo tampoco ve con buenos ojos los proyectos del Parlamento nicaragüense y desde hace dos semanas le advirtió al país que si se aprobaba ese paquete de normas, solicitaría más sanciones contra nicaragüenses, incluidos el presidente y la vicepresidenta Rosario Murillo porque "sigue la represión a la sociedad civil y a la oposición democrática en Nicaragua". Sin embargo, ninguna alerta ni crítica frenó el proyecto contra los ciberdelitos que ahora es ley.  Texto por: Maria Clara Aguirr (FRACE 24)

Con EFE y AFP.