Salvadoreña muere en prisión por causa de un aborto espontáneo

Salvadoreña muere en prisión por causa de un aborto  espontáneo

Hace 13 años, Manuela, una mujer de pocos recursos, dos hijos y un embarazo avanzado, empezó a sentir fuertes dolores abdominales el cual termino en un aborto espontáneo. En el hospital, el personal médico que la atendió la denunció, el primer paso de una condena de 30 años de prisión acusada por homicidio agravado. Dos años después murió, presa, por un cáncer linfático. Una enfermedad por la cual su familia asegura, ya daba señales años antes y no conto con atención médica durante su encarcelamiento.

La familia de Manuela, acompañada por organizaciones feministas y movimientos de derechos humanos, inició una larga batalla legal para que se reconociera que fue condenada injustamente y que no se cumplieron  de sus derechos. “Tuvo un trato completamente inhumano y denigrante”, afirma Sara García, activista de La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que siguió el caso desde el principio y estuvo involucrada en el proceso de demanda contra el Estado salvadoreño.

En los últimos 20 años, aproximadamente 180 mujeres salvadoreñas han sido condenadas por aborto o por homicidio agravado, incluso en casos en que se produjo la muerte del feto debido a complicaciones durante el embarazo. “La criminalización que se da en El Salvador hacia las mujeres no la hemos visto en ningún lugar de América Latina con la misma contundencia y sistematicidad”, explica Paula Ávila Guillén, experta en derechos reproductivos del Women’s Equality Center, una ONG feminista que apoya a personas y organizaciones que lideran la lucha por la libertad reproductiva en América Latina. 

En el año 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició la investigación y siete años más tarde, en 2019, la Comisión presentó el caso a la Corte, al considerar que el Estado había vulnerado el derecho a la libertad personal por la “detención ilegal” de la víctima, el derecho a la protección judicial, a la presunción de inocencia, a la vida y la salud. 

“Es el primer caso relacionado con un aborto y una emergencia obstétrica que llega a la CIDH y nos renueva la esperanza para detener la criminalización en el país y en la región”, aseguran en la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador.

 

vía:ctxt