“La CIDH toma nota de la información disponible sobre los actuales e inéditos índices de mejora en la seguridad ciudadana en el país reportados por el Estado que demostrarían que no existe una situación de emergencia que justifique mantener vigente la suspensión de derechos y garantías conforme las exigencias de la Convención Americana”. Esa es una de las conclusiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aborda hoy en su informe sobre el estado de excepción en El Salvador y su impacto en los derechos humanos.
Para la Comisión, el estado de emergencia que hizo que el régimen iniciara, el 27 de marzo de 2022, ya fue superado, según las mismas cifras que el Estado salvadoreño ha compartido públicamente, por lo que su continuidad más allá de lo que indica la Constitución de la República ya no sería necesaria.
“En el informe se detallan los elementos del Estado de Excepción de conformidad con los estándares interamericanos, resaltando que es una medida excepcional que debe ser necesaria, razonable y proporcional al contexto de la emergencia, advirtiendo que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas en ninguna circunstancia y que la aplicación del estado de Excepción debe estar estrictamente limitado al tiempo que dure la situación de emergencia”, sostiene la CIDH en un comunicado de prensa.
Al momento de la elaboración del informe, la CIDH contabilizaba 73,000 capturas y entre 189 y 200 muertes de privados de libertad en el marco de la política de seguridad implementadas por el Gobierno salvadoreño. Pero esas cifras en la actualidad se han incrementado a 81,900 detenciones (según cifras oficiales) y más de 300 muertes (según organismos de derechos humanos en El Salvador).
La CIDH también destaca que está enterada de las vulneraciones a derechos humanos cometidas durante el régimen, como las capturas arbitrarias, las reformas penales que incrementan la detención provisional y las penas a menores, la reserva de información y los ataques a medios de comunicación independientes.
“El Estado debe adoptar acciones efectivas para enfrentar y erradicar la criminalidad organizada, ajustadas a la extensión y gravedad de la situación particular del país, asimismo, consonantes con las obligaciones legales e internacionales que deben regir el actuar estatal. La contraposición de estos dos aspectos es un falso dilema, debiendo la garantía y protección de los derechos humanos ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana”, afirman los Comisionados.
La organización ofrece asesoría técnica al Estado salvadoreño para aplicar una serie de recomendaciones incluidas en el informe, entre ellas el poner fin a la suspensión de derechos y garantías ocasionada por el régimen de excepción, elaborar un registro de vulneraciones a derechos humanos cometidas durante la medida y construir una política de seguridad basada en el respeto a los derechos humanos.
vía: LPG
