La falta de un debido proceso en la eliminación de algunas fases, entre ellas la etapa informativa y deliberativa, son parte de los argumentos en la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la reforma del artículo 248 de la Constitución de El Salvador, aprobado el 28 de abril por la Asamblea Legislativa 2021-2024.
Fueron 12 ciudadanos, algunos representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes presentaron la demanda el 13 de mayo y solicitaron como medidas cautelares que se suspenda inmediata y provisionalmente el acuerdo de reforma constitucional; además, que se declare que la actual Asamblea Legislativa, la 2024-2027, se encuentra inhabilitada para ratificar el acuerdo por haberse omitido la fase informativa.
De acuerdo con Ruth López, jefa de la unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, los diputados de la anterior legislatura, en su mayoría del partido Nuevas Ideas, no siguieron el proceso establecido para la modificación de los artículos constitucionales, dejando fuera el proceso de información, pues se aprobó el mismo día mediante dispensa de trámite, sin haberse justificado las razones de la urgencia.
“Se hizo una reforma constitucional sin seguir el debido proceso. Son 7 pasos establecidos donde han eliminado al menos 3 y una fase muy importante que es la informativa, que es donde entra la población a conocer. Además, el proceso de elección tenía que servir como validador de ese acuerdo, que tenía que haberse hecho antes de la elección, y luego todo lo que viene que es el debate. Aquí no se debate nada”, mencionó López.
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vía: LPG