Tras analizar videos y documentos judiciales relacionados al caso de la comunidad El Bosque, Human Rights Watch (HRW) concluye que las acusaciones contra el abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez son “infundadas” y que sus detenciones fueron “arbitrarias”.
Henríquez y Pérez, abogado de la comunidad y líder comunal de El Bosque, respectivamente, fueron detenidos tras una protesta pacífica realizada a mediados de mayo de este año. En ella los habitantes pedían al gobierno central que intercediera para evitar el desalojo por una orden judicial de embargo de tierras.
La Fiscalía los acusó de resistencia agresiva y desórdenes públicos, pero HRW sostiene que ninguna de las pruebas que se han presentado hasta el momento fundamentan esos delitos y que no ameritan la detención provisional en la que actualmente se encuentran.
“Las pruebas que hemos revisado revelan que estos líderes comunitarios fueron detenidos simplemente por ejercer su derecho de reunión pacífica. Cuando las autoridades criminalizan la protesta pacífica el mensaje para la sociedad es inequívoco: guardar silencio o enfrentar la cárcel”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La organización defensora de derechos humanos afirma haber revisado 16 videos grabados “antes, durante y después de la protesta”, así como fotografías, publicaciones en redes sociales y documentos judiciales del caso. En ninguno de ellos observaron actitudes violentas o amenazantes de Henríquez ni de Pérez.
“Aunque las imágenes muestran que Henríquez, Pérez y otros manifestantes actuaban de forma pacífica, los fiscales sostuvieron que la detención de Pérez era necesaria para evitar lo ‘inevitable’ y el ‘inicio de acciones agresivas’ por parte de los manifestantes, según consta en los documentos judiciales”, explica Human en un comunicado hecho público en sus redes sociales y su página web.
Y añade: “los fiscales también citaron un informe del Viceministerio de Transporte que sostenía que la protesta representaba ‘un riesgo latente y potencial’ de obstrucción debido a su ‘naturaleza y magnitud’. Sin embargo, el documento no indica que haya ocurrido una obstrucción real del tráfico”.
La organización internacional opina que ante la ausencia de pruebas las autoridades únicamente buscan “castigar a Pérez y Henríquez por su organización y liderazgo”, lo cual consideran es parte de una persecución hacia defensores de derechos humanos en El Salvador.
Los gobiernos extranjeros y las organizaciones internacionales deben intensificar sus condenas a los abusos en El Salvador y exigir al gobierno de Bukele que retire los cargos infundados contra defensores de derechos humanos”, afirmó Juanita Goebertus.
Recordó además que El Salvador es Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales prohíben restricciones a la libertad de reunión pacífica, salvo aquellas que sean “necesarias en una sociedad democrática” para proteger una serie de intereses importantes, entre ellos el orden público, la seguridad pública y los derechos de los demás.
El 30 de mayo, 15 días después de sus capturas, una jueza ordenó que Henríquez y Pérez debían permanecer en detención provisional y al mes siguiente fueron trasladados al Centro Penal La Esperanza, más conocido como Mariona, donde aún permanecen recluidos.
