A tres años de la implementación del Bitcoin en El Salvador, que se cumplen este 7 de septiembre, la ciudadanía no sabe con certeza cuánto de lo que paga en impuestos con el sudor de su trabajo ha ido a parar al proyecto abanderado por el presidente Nayib Bukele. Lo único que se conoce es lo que el mandatario publica en sus redes sociales.
Este es quizá el caso más emblemático de la actual administración que podría describir la opacidad con la que se manejan los fondos públicos en el país; desde compras millonarias en el Estado hasta la contratación de empleados o sus salarios han estado bajo la sombra.
La administración Bukele se ha caracterizado por un sistemático ocultamiento de la información pública y la negación a la rendición de cuentas, señalan especialistas consultados por El Diario de Hoy para este informe.
“El manejo del proyecto Bitcoin creo que es ilustrativo de la política de, yo ni le llamaría opacidad, es una política de oscuridad, que por un lado oculta, y por el otro manipula la información que sí libera: cuenta una historia distinta”, expresó el abogado José Marinero.
Una estimación de la organización Cristosal, en septiembre de 2023, indicó que alrededor de $329 millones es lo que le habría costado al pueblo salvadoreño implementar el Bitcoin; datos que se han recopilado de lo poco que se ha llegado a conocer, como los $150 millones del Fideicomiso Bitcoin; el bono de $30 que dieron en 2021 por descargar la aplicación Chivo y que sumarían $30 millones.
Además del proyecto crypto friendly por $23.3 millones; la contratación de Athena por $4.7 millones para instalar los cajeros Chivo, y las supuestas compras iniciales de Bitcoin por $121 millones. Sin contar las presuntas adquisiciones de criptomonedas diarias que Bukele ha anunciado que hace y que afirma que están en una bóveda.
“¿Cómo es que nunca supimos, antes de este momento, que había una billetera (Bitcoin), quién administra la billetera, cómo llegaron esos recursos ahí, cómo de pronto son más bitcoins de los que él había declarado, quién los compró, con qué recursos los compró, quién se beneficia de este negocio de bitcoin? Obviamente no es la gente, la gente ya se olvidó del Bitcoin”, añade Marinero.
Sin embargo, todo ese gasto de fondos públicos no ha hecho que el Bitcoin sea abrazado por los salvadoreños; casi el 90% de la población no ha adoptado la criptomoneda en su vida diaria, según datos de encuestas; y apenas el 1% de las remesas familiares son transferidas por medio de billeteras digitales, entre ellas la Chivo Wallet.
Para el politólogo Napoléon Campos es “disparatado pensar que puede atarse la suerte de un país, de una nación a una moneda de casino, a un token de casino como es el Bitcoin, que hoy sube, que hoy baja, que mañana sube, que pasado mañana baja. Es decir, estamos arribando junto con este proyecto antidemocrático a una suerte de disparates en materia de política económica como no se imaginaba nadie sensato dentro del país”.
Una investigación periodística internacional liderada por la organización Proyecto de Reporteo del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés) reveló el año pasado que el Gobierno de El Salvador desvió $200 millones de un préstamo de $600 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que era originalmente para atender a pequeñas empresas afectadas en la pandemia, para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal.
“Yo lo considero tan ofensivo que el presidente no le rinde cuentas a la población. Cuando ha hablado del Bitcoin (Bukele) ha hablado en inglés, o a bitcoiners o personas de afuera, pero no a la población, y es nuestro dinero el que está en juego… ha sido el fracaso rotundo del gobierno, y fracasó usando nuestro dinero y sigue sin rendir cuentas”, expresa Gabriela Santos, abogada y directora del Idhuca.
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vía: elsalvador.com
