El Departamento de Defensa de Estados Unidos confirmó un ataque militar que dejó 14 muertos a bordo de cuatro embarcaciones supuestamente utilizadas por organizaciones narcotraficantes en el Pacífico Oriental.
El operativo fue ordenado directamente por el presidente Donald Trump y ejecutado por fuerzas estadounidenses bajo el mando del Comando Sur (USSOUTHCOM), según publicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la red social X.
Los ataques se describen como “cinéticos y letales” y fueron dirigidos contra buques que, según inteligencia militar, transitaban rutas conocidas del narcotráfico. En total, murieron 14 presuntos narcotraficantes y uno más fue rescatado con vida.
“Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y recibirán el mismo trato. Los rastrearemos, los conectaremos con redes y luego los eliminaremos”.Pete Hegseth
Las operaciones se realizaron en aguas internacionales y no se reportaron heridos entre las fuerzas estadounidenses. Según el Departamento de Defensa, el sobreviviente fue ubicado y entregado a las autoridades de búsqueda y rescate de México, que asumieron la coordinación del caso.
Trump: “No estaban pescando”
Desde la base naval de Yokosuka, Japón, el presidente Trump defendió públicamente la operación ante militares estadounidenses a bordo del portaaviones USS George Washington.
“Los demócratas de la izquierda radical dijeron que solo estaban pescando. Bueno, los submarinos no pescan, ¿verdad?”, ironizó Trump, aludiendo a las críticas recibidas por parte de sus opositores.
El mandatario insistió en que las embarcaciones destruidas “cargaban suficiente droga como para matar a 25,000 estadounidenses”, y que su administración “ya está ganando” una guerra directa contra los cárteles de droga, tanto en el mar como, eventualmente, por tierra.
Escalada militar en el Caribe y tensiones diplomáticas
El ataque forma parte de una serie de acciones más amplias emprendidas por EE.UU. desde agosto, que incluyen la destrucción de al menos una decena de embarcaciones (incluyendo lanchas rápidas y semisumergibles) en zonas marítimas del Caribe y el Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia.
Estas operaciones han encendido las alarmas en América del Sur. Algunos gobiernos y organizaciones han denunciado que Washington está actuando de forma unilateral, sin informar ni coordinar con los países cercanos a las zonas de ataque, lo que ha llevado a calificarlas como posibles ejecuciones extrajudiciales.
En paralelo, el Pentágono anunció el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford —el más grande de la flota estadounidense— en el mar Caribe para reforzar lo que califican como “operativos activos contra el narcotráfico”.
Este movimiento ha sido interpretado por analistas como una señal de fuerza y un posible preludio a nuevas intervenciones en aguas disputadas o cercanas a territorios sensibles, como Venezuela.
Otros ataques
Trump incluso insinuó la posibilidad de llevar a cabo ataques dentro del territorio venezolano, al acusar al gobierno de Nicolás Maduro de liderar el llamado Cártel de los Soles, una red de narcotráfico supuestamente dirigida desde las altas esferas del poder venezolano. Caracas ha rechazado categóricamente estas acusaciones.
Por otra parte, la administración estadounidense sancionó recientemente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a su familia, bajo el argumento de presuntos vínculos con el narcotráfico. Petro ha respondido asegurando que su gobierno mantiene una política antidrogas coherente y ha denunciado una politización del combate al narcotráfico por parte de Washington.
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¿Qué dicen los críticos?
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han señalado que estos ataques, sin juicios previos ni pruebas públicas, pueden violar principios básicos del derecho internacional.
Advierten también que el uso de términos como “narcoterroristas” para justificar ejecuciones directas abre la puerta a excesos, especialmente si se desconoce el contexto en el que las personas viajan o si no hay confirmación judicial de su culpabilidad.
Aunque el Departamento de Defensa ha evitado detallar las pruebas que vinculan a los buques con redes criminales, sostiene que toda la operación se basó en inteligencia validada y protocolos de combate.
El gobierno de EE.UU. sostiene que está combatiendo a redes que amenazan su seguridad nacional. Pero las acciones recientes plantean interrogantes cada vez más serios sobre los límites de la fuerza, la legalidad de los métodos y el respeto al derecho internacional en tiempos de alta tensión política y militar.
