La deuda estatal que el gobierno acumuló hasta agosto de este año ya sobrepasa los $33,000 millones ($33,091.86 millones) según el Banco Central de Reserva. Estos son todos los préstamos acumulados a la fecha en el Sector Público No Financiero (SPNF), deuda externa y deuda interna, que suman $22,124.86 millones, pero además se agregan otros $10,970.01 millones que ha tomado de los fondos de pensiones desde 2006 a la fecha y que también representan una deuda con los cotizantes actuales.
Las estadísticas del BCR muestran que en agosto, el gobierno redujo en $516.2 millones su deuda respecto al mes anterior, pero pese a esa disminución, en el acumulado del año, es decir desde enero hasta agosto, ha agregado $514.2 millones.
Y si a este monto se le suman $445.01 millones colocados en Certificados de Obligación Previsional (COP), tomados de enero a agosto del fondo de ahorro de los trabajadores, el monto total de la deuda contraída en lo que va del año asciende a $959.21 millones.
Al comprar los $33,000 millones con el Producto Interno Bruto (PIB) de 2024, que fue de $35,365 millones, esta representaría 93.5%, el mayor porcentaje de Centroamérica y uno de los más altos de Latinoamérica, junto con Argentina.
El dato contrasta con las proyecciones de deuda que el gobierno ha establecido en su Ley de Responsabilidad Fiscal 2025, que muestra que la deuda representará este año un 88% del PIB.
Esta cifra es similar a la proyección de deuda que ha hecho el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las revisiones del acuerdo que concretó con El Salvador a inicio de año.
El organismo señala que la deuda representará el 87.6 % este año, y que este será tres puntos más arriba que el 87.3 % de 2024. Y la proyección es que en 2026 caiga nuevamente a 87.3 % y en 2027, a 84.4 %.
Según economistas, esto será así porque el acuerdo con el FMI, que implica un financiamiento de $1,400 millones, también traerá consigo, financiamiento por más de $3,500 millones que se aprobarán durante el periódo que dure el programa.
La deuda bajará hasta el 80% del PIB solo hasta 2030, según las proyecciones de Hacienda en su Ley de Responsabilidad Fiscal.
Las cifras son claves en momentos en que el gobierno realiza ajustes fiscales en el marco del acuerdo con el FMI, entre los que se contempla una reforma de pensiones para 2026 que haga sostenible el sistema y el gobierno dependa cada vez menos de estos fondos.
Además, deben ser congruentes con el Presupuesto General del Estado que fue presentado la semana pasada y en el que el ministro de Hacienda, Gerson Posada, afirmó que el nuevo plan de gastos no incluiría deuda para gasto corriente.
Sin embargo, este fue el mismo argumento que utilizó en septiembre del año pasado, pero en la práctica, el gobierno sí solicitó refuerzos presupuestarios para diversas instituciones.
En junio pasado, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo por $75 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en teoría, para el “Programa sectorial de apoyo al Fortalecimiento Integral de la educación en El Salvador”. Sin embargo, el decreto, aprobado sin ningún análisis previo y con dispensa de trámite, dejó abierto el uso de estos fondos para solventar gasto corriente.
Para el economista y expresidente del BCR, Carlos Acevedo, es un avance que el gobierno trabaje en no usar la deuda para financiar el gasto corriente. Sin embargo, afirmó que el objetivo debería ser que el país tenga superávit (más ingresos que gastos) para no usar deuda tanto para el gasto corriente, como para el gasto en proyectos de inversión.
Gasto
El endeudamiento se da, además, pese a que el gobierno ha obtenido este año mayores ingresos.
Según los datos del BCR, el gobierno ha obtenido hasta agosto un total de $6,501.2 millones en ingresos corrientes (tributarios y no tributarios), pero el gasto público asciende a $7,194.8 millones, en el que el gasto corriente aumentó de $5,621 millones en agosto de 2024 a a $6,083.9 millones en el mismo mes de 2025, es decir, $462 millones más que el año pasado.
Para el economista Acevedo, lo que se busca con el acuerdo del FMI es cerrar la brecha del déficit fiscal, es decir aumentar los ingresos, pero reducir los gastos.
En su política presupuestaria para 2026, el Ministerio de Hacienda estableció que su plan fiscal 2025-2027 estará orientada a fortalecer las finanzas públicas y promover el crecimiento económico, y colocar la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) “en una trayectoria descendente, visible y sostenible”.
