La presión ejercida por la comunidad logró salvar de la deportación acelerada a una guatemalteca, que dio a luz en un hospital poco después de cruzar el desierto de Arizona, lo que supone una de las primeras victorias contra la dura política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La rápida respuesta de los defensores de los inmigrantes y de la comunidad en Tucson (Arizona) fue fundamental para que la migrante, identificada solo como Erika, y su bebé recién nacida fueran liberadas por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) este fin de semana, tras las protestas.
Como hija de migrantes, la manifestante asegura tener mucho enojo de que Trump inclusive amenazó con quitar el derecho a la ciudadanía a los hijos de migrantes indocumentados como ella.
El caso de Erika se dio a conocer después de que el abogado de inmigración Luis Campos denunciara el peligro que corría de ser deportada rápidamente de regreso a Guatemala sin tener derecho al debido proceso para presentar su caso.
El abogado contó a EFE que la familia lo contactó desde Guatemala pidiéndole representarla, pero inicialmente los agentes de CBP le impidieron el acceso.
El abogado llegó a calificar las acciones del CBP como «un secuestro», por lo que decidió convocar a la comunidad para que le ayudara a evitar la expulsión acelerada de la guatemalteca. Decenas respondieron al llamado frente al hospital y miles replicaron el caso en las redes sociales.
La guatemalteca cruzó la frontera de Arizona con México la semana pasada. Después de varios días de caminar por el desierto fue arrestada por la Patrulla Fronteriza y llevada a un centro de detención.
Comenzó con dolores de parto el pasado miércoles por lo que fue transportada al hospital donde dio a luz ese mismo día por la noche a una niña.