Fuentes judiciales confirmaron a LA PRENSA GRÁFICA que el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado negó a la familia de Alejandro Muyshondt información sobre su paradero y especialistas consideran que con esta falta de información se cometería el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con Sonia Rubio, abogada de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), “la negación de revelar el paradero es un elemento necesario para hablar de desaparición forzada, porque al no revelarlo significa que esta persona detenida queda al margen de la protección del Estado. Es decir, ¿cuál es el efecto de privar a una persona de la libertad y luego no informar o negarse a informar que la persona fue privada de la libertad u ocultar su paradero? La persona queda desprotegida, sustraída de la protección de la ley, y justo esa es una conducta sancionada por la comunidad y la legislación internacional”, aseveró.
Ella asegura que los Estados tienen la obligación de mantener los registros actualizados de las personas detenidas y permitir el acceso a los mismos. Estos deben detallar la condición de la personas. Además, de acuerdo a estándares internacionales, se tiene como norma “la prohibición de detención en secreto”, para prevenir el delito de desaparición forzada.
“Lo preocupante del ‘secretismo’ u ‘ocultamiento’ es que, precisamente, ahí comienza a configurarse una desaparición forzada”, agrega Rubio y destaca dos elementos principales: la privación de libertad, seguida del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona.
“La suerte implica qué ha ocurrido con ella, qué ha pasado con ella, dónde fue llevada, su paradero, su situación personal actual. Qué autoridad es la responsable, o bajo custodia de quién está. Toda esa información debe ser proporcionada a sus familiares y a la asistencia jurídica técnica”, aseveró.
Otto Flores, abogado penalista, opinó que con el actual régimen de excepción se están repitiendo patrones que ocurrieron en la guerra civil, donde la gente buscaba a sus familiares y el Gobierno solo informaba que los tenían, pero se desconocía dónde.
“Hablamos de una desaparición forzada porque sabemos que el Estado lo tiene, ya que ha demostrado pruebas de que está vivo. La familia podría solicitar a la CIDH una medida cautelar por desaparición forzada”, aseguró.
vía: LPG
