En un reporte publicado este 28 de marzo por la Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, revela que a un año de vigencia del régimen de Excepción, han recibido denuncias de detenciones arbitrarias basadas en “investigaciones poco fundamentadas, en perfiles toscos de la apariencia física o el origen social de los detenidos”.
La Portavoz de las Naciones Unidas señala que entienden los desafíos que tiene el gobierno salvadoreño para contrarrestar la violencia de las pandillas y de cumplir con su deber constitucional de garantizar la seguridad ciudadana, pero que esto debe hacerse con base al derecho internacional de los derechos humanos.
“El estado de emergencia ya lleva un año en vigor en El Salvador, un año durante el cual las autoridades han tomado varias medidas que plantean graves problemas de derechos humanos”, subraya la Portavoz.
Indica que les preocupa las condiciones en los centros penitenciarios en donde guardan prisión los detenidos bajo el régimen de Excepción, ya que estos recintos son “frecuentemente superpoblados”.
“Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como reclusión prolongada en régimen de aislamiento y presos con enfermedades crónicas que no reciben la medicación prescrita. También ha habido informes de otras formas de malos tratos”, refiere la ONU.
En este contexto, señalan que es “preocupante” que presuntamente 90 personas hayan muerto bajo custodia del Estado, desde que se promulgó el estado de emergencia en marzo del año pasado, y que la información de cómo avanzan las investigaciones sobre estas muertes es limitada.
“Los Estados tienen un deber mayor de proteger la vida de las personas privadas de libertad”, argumentan.
Añaden que las instituciones nacionales han recogido hasta el momento unas 7,900 denuncias de violaciones de derechos humanos contra los presos en el marco del régimen de excepción.
Según la Portavoz de la ONU, “confiar en un modelo penitenciario excesivo represivo reduce las posibilidades de que los reclusos se reintegren con éxito a la sociedad”.
Reiteran que los principios de garantías judiciales se deben mantener incluso durante los estados de emergencia, como el declarado por el gobierno de El Salvador desde hace un año.
“El derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso, durante los estados de emergencia declarados”, refiere el informe.
vía: elsalvador.com
