Las esperadas elecciones presidenciales en Venezuela se harán el 28 de julio, en el segundo semestre del año tal como se acordó entre el gobierno y la oposición en una mesa de diálogo, informó este martes la autoridad electoral.
El presidente Nicolás Maduro aparece como aspirante natural del chavismo para la reelección por seis años, aunque aún no confirma su candidatura, mientras que la oposición está en la práctica sin candidato, pues María Corina Machado, elegida en primarias, está inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
La directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, aprobó por «unanimidad» la fecha de 28 de julio, poco más de cinco meses antes de la toma de posesión, el 10 de enero de 2025, anunció su presidente Elvis Amoroso en una declaración ante la prensa.
«La Junta Nacional Electoral» presentó «un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024», dijo Amoroso, excontralor responsable de inhabilitaciones de opositores y sancionado por Estados Unidos en 2017 y la Unión Europea en 2020.
Días antes, el CNE recibió del Parlamento, controlado por el chavismo, un documento con 27 propuestas de fecha para las presidenciales, tras un proceso de consulta de casi un mes con dirigentes políticos y sectores civiles.
El plazo para inscribir candidaturas se fijó entre el 21 y el 25 de marzo y la campaña electoral arranca el 4 de julio para extenderse hasta el 25 de ese mes.
La fecha entra dentro del lapso de segundo semestre acordado por representantes del gobierno y la oposición en negociaciones que media Noruega.
El pacto contempla la presencia de una misión de observación técnica de la Unión Europea, así como de otros actores internacionales. Amoroso no se pronunció sobre ello.
La UE ya envió una misión en 2021 para las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, en las que identificó mejoras considerables en el sistema de votación, pero también irregularidades como el uso de recursos públicos en la campaña, la inhabilitación «arbitraria» de candidatos y el establecimiento de puntos de control del partido de gobierno en centros de votación.
Su presencia en el país terminó de forma abrupta después de que Maduro los tachara de «enemigos» y «espías».
