El gobierno de El Salvador disolverá al Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), y crear la Dirección de Integración, la que se supone asumiría las funciones de las entidades antes mencionadas. De momento, solo INSAFORP se ha pronunciado de manera oficial, y dice que continuará con su trabajo hasta que la ley entre en vigor.
Es de contextualizar que el pasado el 28 de agosto se presentó a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración, el cual establece en los artículos 36 y 37 la disolución de INSAFORP e INJUVE, y la creación de la Dirección de Integración que sucedería sus funciones. Esta propuesta aún no ha sido discutida en la Comisión de Trabajo.
INSAFORP, a través de un comunicado, dijo que continuarán con su trabajo, ya que su compromiso es con toda la población beneficiada de los programas de formación: mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas desempleadas, emprendedoras, migrantes retornadas, personas en programa de movilidad laboral y adultos mayores. “Seguimos cumpliendo nuestra misión de brindar formación a todos los trabajadores de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de todos los sectores productivos del país”, dice el comunicado.
En ese sentido, añadió que hasta que entre en vigor la nueva ley, continuarán desarrollando sus labores y ejecutando sus programas y proyectos con sus socios estratégicos: centros de formación, universidades, institutos tecnológicos, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, iglesias, ADESCOS, instructores, facilitadores, equipos psicopedagógicos, personal administrativo, sindicatos, gremiales y organismos internacionales.
“Por más de 30 años, INSAFORP, siendo una institución autónoma sostenida únicamente por las cotizaciones que aporta la empresa privada, municipalidades e instituciones autónomas, el año pasado capacitó a más de 345 mil personas, a través de los distintos programas de formación ejecutados por medio de un Sistema de Formación Profesional conformado por más de 300 instituciones y siete mil personas”, informó la institución.
Según INSAFORP, a la fecha, han formado a más de 5.6 millones de salvadoreños.
La institución se formó en 1993 y su objetivo es satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar.
Según el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Integración que envió el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, esta tiene por objeto “regular un marco jurídico enfocado en la materialización de acciones e instancias que permitan la superación de la pobreza y la integración social a través de la formación, capacitación e integración de los diferentes grupos sociales del país con un enfoque sostenible”.
En 2023, el presupuesto de INSAFORP fue de $46.4 millones, que provino de cotizaciones del sector privado. Con la nueva ley, la mitad de ese dinero irá al Ministerio de Hacienda. Básicamente, los ingresos de esa institución percibidos por el sector patronal pasarán al Gobierno.
El presupuesto aprobado para 2023 para el instituto fue de $46,479,460, gracias a las contribuciones a la Seguridad Social; la parte privada aportó $41,956,140, mientras que el sector público aportó $4,523,320. A la nueva dirección de Integración le quedarían más de $23.2 millones.
Luego que el gobierno enviara la propuesta a la Asamblea para disolver a INSAFORP la diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que el Gobierno “muestra señales claras de que raspa la cacerola”, en referencia a que busca diferentes métodos para obtener recursos.
El gobierno busca los aportes de la empresa privada; por ejemplo, en el anteproyecto de decreto menciona que los aportes de las empresas se mantendrán de igual forma como lo establece la Ley de Formación Profesional. Justamente, en el artículo 21 menciona que las empresas privadas y las instituciones oficiales autónomas que empleen diez o más trabajadores, están obligados a dar una cotización mensual equivalente hasta el 1% de su planilla mensual de sueldos y salarios, mientras que los empleadores del sector agropecuario aportarán hasta ¼ del 1 % de su planilla de trabajadores permanentes, y estarán exentos del pago de cotizaciones de trabajadores temporales.
Para Claudia Ortiz, el Gobierno de Bukele “está haciendo diferentes maniobras que se ven bastante desesperadas para lograr generar de alguna manera más ingresos. Vean lo que pasa con INSAFORP, que prácticamente, es una institución en la que muchos salvadoreños han logrado su capacitación para su emprendimiento o lugar de trabajo y se le va a quitar una parte importante de los fondos que ingresan y se van a llevar al Fondo general, es casi crear un impuesto”.
La diputada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Anabel Belloso, planteó que ante el cierre de INSAFORP e INJUVE, el Gobierno actúa como “pura ave de rapiña sobre el dinero”. Incapaces de combatir la pobreza en cuatro años y hoy quieren que creamos que esto cambiará la cosa. Además, desconocen la lucha de la juventud”.
El proceso de disolución llegará hasta el 31 de diciembre, pero esta debe aprobarse en la Asamblea y ser publicada en el Diario Oficial.
