Ocho miembros del congreso estadounidense, liderado por Ilhan Omar, enviaron una carta al Departamento de Estado para revisar su relación con El Salvador ante ” el aumento de las denuncias de violaciones de Derechos Humanos” en el país.
La carta expresa su preocupación por el régimen de excepción, vigente por casi dos años, la independencia del poder judicial; las “graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación”, así como la falta de investigación y rendición de cuentas de parte del Gobierno, entre otros temas.
Los congresistas advierten también que las próximas elecciones, donde el actual mandatario, Nayib Bukele busca la reelección, “representan una ruptura significativa en las normas constitucionales de El Salvador”.
“El pueblo salvadoreño merece elecciones libres y justas, sin temor a la represión”, escribió Ilhan Omar en su cuenta de X (Twitter).
En la misiva se aclara que, si bien no le corresponde al Gobierno de EUA “determinar quién es elegible para postularse a la presidencia en un país extranjero, ni elegir a los ganadores”, sí puede tomar acción a través de su influencia diplomática para defender los valores democráticos.
Los congresistas solicitan cuatro puntos específicos al Secretario de Estado, Antony Blinken, para que la administración Biden se pronuncie en contra de las violaciones de Derechos Humanos en El Salvador:
- Enviar un mensaje inequívoco sobre la importancia de respetar las normas constitucionales y democráticas al gobierno salvadoreño, tanto en público como en privado;
- Denunciar enérgicamente los excesos del Estado de Excepción, incluyendo las violaciones a los derechos humanos enumeradas anteriormente;
- Considerar el establecimiento de mecanismos que permitan un mayor financiamiento directo a la sociedad civil salvadoreña y a los socios no gubernamentales salvadoreños examinados, en lugar de proporcionar fondos a través de intermediarios o socios externos cuando se trata de programas de asistencia bilateral;
- Restringir la asistencia en materia de seguridad y otro tipo de apoyo a la policía y el ejército salvadoreños de conformidad con las leyes vigentes de derechos humanos.
vía: LPG
