A mediados de mayo, se presentó un proyecto de Ley de Educación Superior a la Asamblea Legislativa, el cual pretende potenciar la calidad de las instituciones educativas, adaptándose a las nuevas exigencias del mundo digital. De ser aprobada, esta nueva ley podría tener un impacto importante en la Universidad de El Salvador, la cual “primero se invisibiliza bastante en esta ley, antes era visible, poco pero visible, ahora es menos visible”, sostiene Óscar Picardo, director del Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación (ICTI) de la Universidad Francisco Gavidia, durante una entrevista en el programa televisivo Frente a Frente.
Para la creación de este proyecto de ley, se incluyó a diferentes sectores, como investigadores y especialistas en educación, entre los que participó el mismo director del ICTI, rectores de universidades y una comisión de Educación Superior.
Sin embargo, Picardo sostiene que hizo falta un mayor nivel de consulta y a la fecha ve poco probable que las autoridades accedan a hacer modificaciones al proyecto presentado.
“Una ley debería resolver los problemas y uno de los problemas que tiene la Universidad de El Salvador (UES), pese a que tiene su ley, es el tema presupuestario, que ahora es tratado de una forma más discrecional”, señaló el investigador.
La UES viene arrastrando una deuda en el presupuesto de trabajo desde 2021, acumulando un total de $52,624,667.45. Situación que llevó a las autoridades académicas a tomar medidas drásticas, como la suspensión del programa de auxiliares de cátedra e incluso el rector, Juan Rosa Quintanilla, afirmó que estaban analizando suspender el programa de becas remuneradas.
Las autoridades universitarias detallaron que, de la deuda total, $16,001,131.11 son correspondientes al año fiscal 2022; $27,195,192.13 son del año 2023, y $10,430,313.00 es el acumulado a febrero de 2024.
Actualmente, el Ministerio de Hacienda y la universidad han llegado a un acuerdo, donde se les haría un depósito semanal, el cual ayudaría a solventar algunos problemas de la institución.
“Creo que la Universidad de El Salvador es una institución matricial en este país, nace con la República, y creo que se merece un poco más de respeto y visibilidad en el marco legal, pese a que tiene su propia Ley Orgánica”, recalcó Picardo.
“Cuando tú haces una ley hay que ver las repercusiones fiscales, y yo he identificado cuatro que preocupa. Algunas universidades más que otras, las más pequeñas quizás son las más afectadas, las grandes no dejan de ser afectadas”, agregó Picardo.
El primer impacto tiene que ver con el pago de la hora clase, debido a que esta podría incrementar de $6 a $12 por su pago, dependiendo si se aprueba el incremento al salario mínimo.
El segundo punto exige que se invierta 3% del presupuesto en investigación para institutos superiores.
“Un tercer impacto fiscal es que la acreditación va a ser pagada. Con esta propuesta nueva (Ley de Educación) no dice cuánto se va a pagar, ¿y si tú me preguntas cuánto? un proceso de esa cuesta de 10 a 15,000 dólares”, sostuvo el director del ICTI-UFG.
El último impacto señala que los docentes universitarios deben tener el grado superior inmediato, eso significa que todos los que enseñan licenciatura, ingeniería y arquitectura van a tener que poseer maestría.
A criterio del investigador, este proyecto lo “terminó redactando una persona que no conoce bien el sistema, que sabe de educación superior, pero no conoce el contexto” del sector en el país, concluyó.
vía: elsalvador.com
