Socorro Jurídico Humanitario presentará al menos seis denuncias individuales contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dos casos por la muerte de detenidos en el régimen de excepción, tres por tratos inhumanos y otro por la captura arbitraria contra un menor de edad.
Ingrid Escobar, representante del Socorro Jurídico Humanitario, señala que durante los dos años de régimen de excepción han registrado 240 muertes de personas detenidas. De estos casos ya tienen «dos que vamos a ir a denunciar de manera individual ante la CIDH» , «otros tres que no han fallecido, están procesados, pero que han sufrido tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles»; añadió que demandarán al Estado por el caso de un menor de edad «inocente ya sobreseído y absuelto».
Escobar relató que uno de los fallecidos en el régimen de excepción fue el sindicalista José Leónidas Bonilla. «Fue lo que nos motivó a ser la organización que somos ahora, puesto que él estuvo capturado, procesado y fue torturado, no se dio tratamiento médico hasta llevarlo a la muerte», relató.
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La organización detalló que durante los dos años del régimen de excepción ha recibido por lo menos 7,000 denuncias de capturas arbitrarias, de las cuales ha documentado cerca de 2,000 denuncias.
También, registra unas 1,700 demandas de habeas corpus –recursos de exhibición personal que presentan familiares de las personas desaparecidas o capturadas que no han visto a sus familiares– presentados en la Sala de lo Constitucional, de los cuales no hay ninguna respuesta favorable: de las 74 respuestas, 14 han sido prevenciones de la Sala a los demandantes y 60 han sido declaradas improcedentes.
«Más de 1,600 todavía no hemos recibido respuesta. No hay justicia de parte de la Sala de lo Constitucional, hay negación de justicia porque hay retardación de esta», reclamó Escobar.
Dijo que a esta fecha “hay 240 víctimas mortales del régimen de excepción de las cuales 6 casos eran de Socorro Jurídico Humanitario, habían solicitado el apoyo en la organización, pero fallecieron antes de tener una respuesta, dos son hijos de privadas de libertad, que son Carlitos y Génesis”, indicó Ingrid Escobar
La organización tiene una base de datos de 236 personas detenidas que murieron en custodia estatal, además de dos bebés.
De estos casos, 98 los atribuye a homicidios, 74 a negligencia por falta de atención médica, 5 por enfermedad terminal y otros por causa desconocida. La mayoría de estas personas fueron acusadas del delito de agrupaciones ilícitas, aunque solo 12 son identificados como pandilleros, ya que el resto se registra como ocupación desconocida.
El régimen de excepción cumplió este miércoles dos años de su aplicación luego de que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, que inicialmente suspendió cuatro derechos constitucionales –derecho de defensa, plazo máximo de detención, exigencia de aval judicial a intervenciones telefónicas y derecho de asociación– pero posteriormente fue restablecido el derecho de asociación.
