“Venimos por parte del presidente Nayib Bukele a entregarle una caja de alimentos” eran algunas de las frases que las personas contratadas tenían que decir a la hora de entregar los paquetes con víveres durante la reciente campaña presidencial.
Vestidas con camiseta azul con el logo de El Salvador y las siglas PPAA (Programa Presidencial de Apoyo Alimentario), las cuadrillas de trabajadores iban casa por casa para cumplir con la misión encomendada.
Uno de esos trabajadores era Alejandro, nombre con el que se identificará al exempleado para este artículo, quien relató a El Diario de Hoy que laboraban “de sol a sol” hasta por más de 15 horas por un sueldo de $450. Le tocó visitar municipios de Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango.
El joven consiguió el trabajo gracias a un amigo que le comentó que el gobierno estaba contratando personal. “Un conocido me habló del trabajo y así fue como llegué. Es que todo se mantenía a puerta cerrada y de boca a boca”, contó Alejandro, quien aseguró que sus pagos fueron girados en cheques del Banco Hipotecario de El Salvador y emitidos por la compañía Grupo Job S.A. de C.V.
Grupo Job S.A. de C.V. fue creado en enero de 2016 y pasó de tener un balance inicial de $10,000 en su año de fundación, a tener ingresos ordinarios de $5,893,969 a diciembre de 2021. En ese enorme salto hay instituciones gubernamentales de la administración de Nayib Bukele que han sido un factor determinante, pues ya ha tenido otras contrataciones con este gobierno.
Dicha empresa ha ofrecido servicios de transporte entre 2019 y 2021 al Ministerio de Obras Públicas, al de Turismo, Agricultura y Ganadería, a la ANDA y ahora al Ministerio de Gobernación, que ha sido el encargado de repartir los paquetes.
Especialistas en materia electoral consideran que con los repartos de alimentos el oficialismo ganó simpatía a costa de los recursos de todos los salvadoreños y en menoscabo de los otros contendientes en la campaña, ante lo cual el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Ética Gubernamental deberían haber intervenido.
Pero las entregas de cajas con víveres siguieron.
“Muchos de los que trabajaron fueron los mismos que anduvieron entregando paquetes durante la pandemia”, contó otro empleado que no quiso ser identificado y que confirmó que la mayoría de los que fueron contratados eran simpatizantes del partido Nuevas Ideas.
“Si conocen gente que quiera venir a trabajar, tráiganlos”, recordó el joven que comentaban entre sí los encargados de las entregas.
Y la de Alejandro fue una de las tantas contrataciones de las cuales poco o nada se sabe de dónde salieron los recursos. El 10 de enero, Alejandro ya tenía trabajo. “Me presenté al plantel de Grupo Job, entregué mi documentación y me dijeron que estaba contratado y me entregaron dos camisas”, añadió. Las entregas empezaron desde diciembre 2023, contó.
El joven comentó que todo era secreto. “Una de las mayores indicaciones en las capacitaciones que nos daban es que no podíamos grabar o hacer fotos y menos publicar en redes sociales nada sobre la entrega o el trabajo que estábamos realizando durante las jornadas laborales. ¡Estaba prohibido!”.
Agregó que otra de las indicaciones que les dieron era: “Convencer a la gente que ese paquete era entregado por parte del presidente”. Algunos lo decían, otros solo decían que era parte del Programa Presidencial de Apoyo Alimentario.
Para Alejandro, no era extraño que se hiciera campaña entregando muchos paquetes. “No tengo idea de cuántos, pero había camiones de hasta 8 toneladas. Los paquetes iban escoltados por patrullas de la Policía y militares”, relató.
Según lo narrado por el joven, el Ministerio de Gobernación fue el encargado de las entregas y de toda la logística.
El artículo 218 de la Constitución establece: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley”.
También el artículo 184 del Código Electoral indica: “Ningún funcionario o funcionaria, empleado o empleada público podrá prevalerse de su cargo para hacer política partidista”.
Además, entre las prohibiciones de Ética Gubernamental figura “utilizar indebidamente los bienes muebles o inmuebles de la institución para hacer actos de proselitismo político partidario; prevalerse del cargo para hacer política partidista”.
Pero el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial usó recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) para la contratación de servicios relacionados con la distribución de los paquetes de alimentos.
“Aunque a mí me contrató la compañía Grupo Job S.A. de C.V. sé que a otros compañeros los contrataron en Grupo Marine”, aseguró Alejandro.
El pasado 23 de enero de 2024 se preveía la negociación del “Servicio de outsourcing de personal registrador de la distribución de paquetes alimenticios (Programa Presidencial de Apoyo Alimentario) para la atención de personas en riesgo alimentario para la Dirección de Protección Civil” en la Bolsa de Productos de El Salvador (BOLPROS), que tendría un monto asignado de $1,056,000.
La oferta de compra fue publicada el 9 de enero de 2024 y se refiere a servicios de tercerización del personal registrador, exactamente requieren de 800 personas por un periodo de 30 días, a quienes se asignará un precio base por jornada de $44, que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
El perfil de las personas requeridas es tener un mínimo de 9º grado, estar entre los 22 y 40 años de edad y residir en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
En la nota aclaratoria se incluye que el punto de encuentro será la terminal del SITRAMSS. El Ministerio de Gobernación dará el transporte a cada registrador desde un punto único a las distintas rutas y proporcionará el acceso a la plataforma de registro. “Se debe de cumplir con un registro diario mínimo de 100 por persona a cargar en la plataforma digital”, agrega la nota.
Pero este no es el único servicio a contratarse con fondos del Fopromid, también se lanzó la oferta de “Servicio de transporte para distribución de paquetes de productos alimenticios y personal destacado en la logística y distribución de los paquetes que servirán para la atención de personas en riesgo alimentario para la Dirección de Protección Civil”, por un monto de $7.9 millones.
Alejandro recordó que previo a la campaña electoral presidencial se trabajó con varios líderes de comunidades y que no se permitió que ningún alcalde, aunque fuera de Nuevas Ideas, interviniera ya que no querían robar protagonismo a la entrega de los “Paquetes presidenciales”.
Y previo a las elecciones de hoy, en redes sociales circularon imágenes de denuncia sobre el exdiputado Jorge Castro, ahora candidato a la alcaldía de Santa Ana Oeste, porque andaba haciendo campaña con la entrega de paquetes con el logo del PPAA.
vía: elsalvador.com
