“Verificar el padecimiento de salud que adolece el favorecido; si se le ha proporcionado el tratamiento médico respectivo y en qué ha consistido el mismo; escritos solicitando evaluaciones médicas, así como los resultados de las mismas o de cualquier gestión ordenada en relación a la atención médica del procesado, si lo hubiera”. Esas son parte de las solicitudes que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han dictado en algunas de las respuestas a demandas de habeas corpus presentadas.
A pesar de que ninguna de las solicitudes de casos del régimen de excepción fueron resueltas a favor hasta octubre de 2023, los magistrados han decidido realizar consideraciones con respecto a la salud de los privados de libertad.
Un abogado penalista consultado al respecto asegura que el hecho de que la Sala de lo Constitucional pida informes médicos no es algo nuevo y que este procedimiento se ha realizado desde hace más de 10 años, pues pide la opinión a peritos del Instituto de Medicina Legal (IML). La diferencia es que durante el régimen de excepción los habeas corpus no estaban siendo resueltos de esa manera.
“Los magistrados, para ver si hay pruebas de alguna enfermedad, solicitan a los juzgados que informen si se tiene por acreditada con alguna prueba esa enfermedad. Pero la situación es la misma: casi todas las peticiones las rechazan porque dicen: ‘Está estable’; ‘Bajo tratamiento’; ‘No hay riesgo inminente para la vida’”, mencionó uno de los abogados consultados por LA PRENSA GRÁFICA.
También se consultó sobre el tema a un médico forense que trabaja en el IML y este confirmó que estos chequeos se siguen realizando hasta la fecha en los centros penitenciarios del país.
En otra de las resoluciones a las que LA PRENSA GRÁFICA ha tenido acceso, los magistrados han resuelto medidas cautelares para un privado de libertad. Piden al tribunal que lleva el proceso que realice gestiones para determinar el estado de salud del reo, que adopte medidas para atender al mismo de acuerdo al diagnóstico para asegurar que “reciba oportunamente cualquier tratamiento médico”.
Este medio consultó al equipo de prensa de la CSJ para ampliar sobre las nuevas resoluciones emitidas por la referida sala, pero hasta el cierre de la nota no hubo ninguna respuesta a los mensajes enviados.
LA PRENSA GRÁFICA reveló que entre agosto y octubre de 2023 la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no permitió el ingreso de médicos forenses para verificar la salud de privados de libertad. Un médico forense dijo en esa ocasión que esa fue una situación “temporal y parcial”, y que durante esos tres meses le dieron prioridad a los reos que tenían patologías graves.
Sin acceso
Médicos forenses argumentaron, entre agosto y octubre de 2023, no haber podido ingresar al Complejo Penitenciario de Izalco y al Centro Penal de Quezaltepeque. Esto a pesar de tener órdenes de un Tribunal contra el Crimen Organizado, pero eso no fue suficiente para que los custodios les permitieran el ingreso.
vía: LPG
