El presidente electo, Bernardo Arévalo quiere que su enemiga acérrima, la fiscal general, Consuelo Porras, dimita antes del 14 de enero, cuando espera asumir como presidente de Guatemala, un país con “narcoalcaldes” y “narcodiputados” debido a “un nivel muy alto de penetración del narcotráfico”.
“La toma de posesión el 14 de enero es inevitable”, declaró en el centro de reflexión Diálogo Interamericano, en Washington. “En las últimas semanas se ha ido clarificando que no hay otra alternativa”, dijo.
Pero es consciente de que “el pacto de corruptos” no se lo va a poner fácil porque “van a seguir usando cualquier medio, construyendo casos, tratando de obstaculizar”.
Se refiere a una alianza entre políticos, diputados y empresarios acusados de promover la impunidad, y en ella incluye a la fiscal general Consuelo Porras, quien emprendió una cruzada contra su partido, Semilla.
“Cuando tienes un sistema corrupto es extremadamente fácil que penetre el crimen organizado y el narcotráfico” y como “hemos tenido más de 20 años de políticos corruptos, como resultado, tenemos un nivel muy alto de penetración del narcotráfico en los diferentes niveles de gobierno”, aseguró Arévalo.
“Sabemos que hay narcoalcaldes, sabemos que hay narcodiputados” y “arreglos de todo tipo con diferentes grupos de narcotráfico”, insistió el presidente electo.
En su opinión “muchas personas operan y toleran la corrupción no porque sean inherentemente corruptas, sino porque así es como funciona el sistema”, de modo que espera que cambien de comportamiento “si ven que hay una diferencia”.
Para conseguirlo promete formar un gabinete con “personas en función de su capacidad, su experiencia, su honestidad y no por afiliación a un partido”.
Tiene de su parte a los indígenas que se han manifestado en las últimas semanas. Arévalo los considera un actor esencial para el futuro de la democracia y espera poder darles el “asiento en la mesa” que reclaman.
