Gobierno adeuda $42 millones en presupuesto a la UES

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La falta de presupuesto para el desarrollo de las actividades académicas en las instituciones públicas nuevamente ha sido denunciada, esta vez la Universidad de El Salvador (UES) recalcó que la institución está trabajando con un retraso en la entrega de los fondos correspondientes a 2022. 

Dicha situación se continúa agravando debido a que la Asamblea Legislativa aprobó un recorte a diversas instituciones entre ellas se estableció que la UES tendría un millón de dólares menos en presupuesto para el año en curso. 

Evelyn Farfán, vicerrectora académica electa de la UES, detalló que “hay una deuda del presupuesto correspondiente al año 2022 y 2023 que suman más de 42 millones de dólares, también hay que decir que fue de conocimiento público que la Asamblea hizo un recorte a diversas instituciones públicas en el presupuesto de este año, en la que salimos perjudicados porque se hizo un recorte de un millón de dólares al presupuesto”, dijo a través de una entrevista matutina transmitida por TVX.

Farfán puntualizó que el recorte no corresponde al monto de la deuda sino al presupuesto que se debe entregar anualmente a la universidad.

Según una reciente  reforma a la Ley de Presupuesto vigente aprobada, en el área de educación se aplicó un recorte de $60.4 millones, dichos fondos han sido reorientados para reforzar al Ministerio de Hacienda “a efecto que pueda atender Obligaciones Generales del Estado”.

Este recorte fue aprobado a pesar de las reiteradas denuncias de gremiales conformadas por personal docente de escuelas pública quienes exponen que se arrastra una deuda que ronda el 80% del presupuesto escolar, sumado a que el Gobierno no ha hecho efectivo el pago a los proveedores que brindaron paquetes escolares a inicios de este año.

La vicerretora electa expuso que “esto se convierte en una limitante para poder desarrollar a plenitud todos los proyectos que se tienen, debido a que este año todos los desembolsos han sido para cubrir salarios de tal manera que muchos de los aspectos prioritarios que debimos cubrir como recursos propios de la institución para no paralizar”, para garantizar la continuidad de las actividades.

Añadió que la reducción y el retraso en la entrega de los fondos genera complicaciones debido a que “hay una serie de compromisos que la institución ha adquirido y proveedores a los que la institución debe pagarles en este momento”, señaló.

Desde la óptica de Farfán, el gobierno ha dado un énfasis al tema de seguridad “en el que se han utilizado muchos recursos, nadie discute que era necesario atender el tema delincuencial” sin embargo, recalcó que el problema es “la sostenibilidad del esquema de represión establecido por el gobierno dado que si la represión no va acompañada con proyectos sociales que permitan brindar educación, salud, establecer condiciones económicas dentro del país que permitan que la gente pueda desarrollarse, va generando una situación en la que no va durar mucho tiempo”. 

Tras las continuas extensiones al régimen de excepción  se ha creado “una serie de situaciones violatorias de derechos humanos, que es necesario que el gobierno las atienda, creo que lo peor que puede ocurrir es que se hagan oídos sordos porque va generando un ambiente en la sociedad que en un momento va estallar”, puntualizó Farfán. 

Previo al desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe parte de los edificios fueron adaptados como dormitorios y duchas provisionales para los participantes, pero este mobiliario aún no ha sido retirado del lugar por lo que se ha dificultado el retorno del 100% de los estudiantes a clases presenciales.

Farfán argumentó que parte del mobiliario era de alquiler, pero que las empresas encargadas no han llegado a retirarlo. 

La autoridades administrativas señalaron que “en este momento tenemos dificultades con las instalaciones que no han sido readecuadas, esto no tiene que ver con un asunto que no se quiera poder establecer las condiciones para poder regresar a la presencialidad” pero los estudiantes no pueden estar “en instalaciones que no han sido recibidas y que no tenemos la certeza que reúne los requisitos de seguridad”.

vía: elsalvador.com

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