La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal que se ejecuten las sentencias que condenan al ex-presidente de El Salvador Mauricio Funes Cartagena y a su hijo Diego Roberto Funes Cañas por los delitos de lavado de dinero y de activos. La petición responde a lo resuelto por la Cámara Segunda de los Civil de San Salvador, que ordenó la “medida cautelar de la detención provisional” contra Funes; y a los dos sancionados se les ordenó resarcir al Estado un monto de $419,145 del patrimonio no justificado.
Sin embargo, la fiscalía reconoce que el imputado será juzgado como “reo ausente” bajo su estatus de protección que le otorga su nacionalidad nicaragüense, adquirida tras declararse un “perseguido político”. Funes también ha sido sancionado por la supuesa evasión de impuestos por un monto de $271,857 según la Dirección de Impuestos Internos.
Exigen reintegrar $419,145 al Estado
En diciembre de 2017, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro condenó a Funes a reintegrar $206,660 al Estado tras comprobar un “enriquecimiento sin causa justificada” durante su periodo como Presidente de la República entre 2009 y 2014. También condenó a su hijo Diego Roberto Funes Cañas a devolver $212,484.
En el fallo, el tribunal dijo que “las declaraciones juradas del demandado Funes Cartagena presentan graves inconsistencias, generando un aumento patrimonial injustificado”. También lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público a partir de la sentencia. Las condenas fueron confirmadas en apelación por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2021. En ella desestimó los alegatos de la defensa y sostuvo que “no ha lugar a los restantes motivos de agravio”.
Patrimonio irregular
En 2017, la Sección de Probidad de la Corte de Cuentas documentó, en el expediente “1-PCEIF-16”, múltiples irregularidades en el patrimonio del expresidente Funes y su familia: $206,660 no declarados entre 2009 y 2014, así como $312,486 entre salarios, representación, aguinaldos y $16,700 por venta de vehículos.
También detalló la adquisición de créditos irregulares con la empresa Agrosuministros S.A. de C.V. por $225,767. De modo que los entonces imputados, Funes padre e hijo, registraron $419,145 sin justificar. Como resultado de dicho informe, la Cámara Segunda de lo Civil ordenó en 2017 la restitución de los montos detallados al Estado por constituir enriquecimiento ilícito.
Mauricio Funes también está imputado por supuestas irregularidades en la construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, específicamente por los delitos de peculado, lavado de dinero y activos. Según la fiscalía, se habrían producido desviaciones al erario público por unos $219 millones.
Otras empresas y personas vinculadas en el expediente “Caso Chaparral” son José Miguel Menéndez, Mario Pieragostini y Representaciones y Distribuciones Rayne S.A. de C.V., quienes también se habrían beneficiado ilícitamente. Mientras que la empresa italiana Astaldi Concessioni S.p.A., contratista principal del proyecto Chaparral, habría transferido $3.5 millones a otras sociedades controladas supuestamente por Mauricio Funes y José Menéndez, según estimó la FGR.
